El próximo objetivo del oficialismo es el expresidente Jorge Quiroga. El diputado Víctor Borda del MAS anunció que presentará un juicio de responsabilidades en contra del exmandatario por validar las concesiones a la empresa chilena Quiborax y un presunto “loteamiento” del Salar de Uyuni, mediante la aprobación del Decreto Supremo 26574 del 3 abril del 2002.
“Quiero anunciar el segundo capítulo de esta telenovela toda vez que aquí también hay corresponsabilidad. Vamos a promover un juicio de responsabilidades en contra del expresidente Jorge Quiroga y al menos cuatro exparlamentarios de la derecha”, dijo el legislador oficialista que representa a Potosí.
Las personas que serán parte de esta denuncia son el expresidente Jorge Quiroga, los exparlamentarios del gobierno de Hugo Banzer Suárez: Jhonny Plata Chalar, Gonzalo Valda y Edgar Lazo. Los delitos son resoluciones contrarias a la constitución, incumplimiento de deberes y daño económico al estado. Demanda que será presentada a la Fiscalía General del Estado.
Borda indicó que estas investigaciones darán pie a establecer quiénes fueron los responsables de que empresas chilenas, como Quiborax, hayan obtenido concesiones en un área del salar de Uyuni que antes era reserva fiscal. Hecho por el que se remitió un requerimiento acusatorio contra el expresidente Carlos Mesa, por la reversión de las concesiones de la empresa del país transandino.
RESERVA
Explicó que entre 1998-2002 se emitieron dos nomas que afectaron las reservas del Salar de Uyuni. La primera es la Ley 1854, denominada “Ley Valda”, del 8 abril de 1998, mediante la cual se levanta la calidad de reserva fiscal a una gran parte del salar que se había estipulado antes con otra norma de 1986.
La reserva fiscal del salar fue reducida como consecuencia de la promulgación de la Ley 1854. Hasta antes de esta ley, dicha reserva era de 2.362.000 hectáreas, tras su aprobación se redujo a 1.344.000 hectáreas.
La segunda norma observada por el oficialista es el Decreto Supremo 26574 del 9 de diciembre del 2002, el cual fue promulgada por el entonces presidente Jorge Quiroga Ramírez, en esta se establece que la reserva fiscal y el área de concesiones que se validó en 1986 fue ratificada en este decreto.
“Se convalida el perímetro de la costra salina del Gran Salar de Uyuni conforme a la delimitación establecida por el mapa elaborado por el Servicio Nacional de Geología y Minería - SErgeomin, asimilado al sistema de cuadrícula minera por el Servicio Nacional Técnico de Minas - Setmin, con las respectivas coordenadas de los vértices en el Sistema Geodésico Mundial WGS - 84, determinadas el año 1998, en sujeción a la Ley Nº 1854 de 8 de abril de 1998”, dice el documento.
El legislador manifestó que la promulgación de este decreto ocasionó que el Salar de Uyuni se divida en dos partes y derivó que las empresas que explotan ulexita y otros minerales, propios de esa región, se adjudiquen concesiones de forma ilegal.
DISOLUCIÓN
La medida fue disuelta en el gobierno de Carlos Mesa con la promulgación de la Ley 2564 de 9 de diciembre de 2003, que recuperó la totalidad de la Costra Salina del salar como reserva fiscal a favor de Bolivia, precisó el mismo exmandatario.
Posteriormente, con la promulgación del DS 27589 de 23 de junio de 2004, Mesa expulsó del país a Quiborax-NMM por fraude fiscal e incumplimiento de la normativa, entre otros factores, lo que luego devino en un arbitraje que recientemente perdió Bolivia y por el cual se vio obligada a pagar $us 42,6 millones de indemnización. Para el Gobierno, Mesa es responsable de daño económico al Estado.
